La pérdida de poder adquisitivo obstaculiza el pacto de pensiones
Sindicatos y oposición denuncian que la reforma erosiona las jubilaciones
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto a los interlocutores sociales / SAMUEL SÁNCHEZ
“La reforma de las pensiones es el debate social más importante que tiene planteado la sociedad española”, ha declarado con solemnidad la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “estamos trabajando para lograr el mayor consenso posible”. Pero este objetivo corre un serio riesgo. La propuesta que Báñez presentó el lunes a sindicatos y empresarios, sin otras medidas, acarrea pérdidas de poder adquisitivo para todos los pensionistas —presentes y futuros— al menos en los primeros años de vigencia, salvo que las previsiones económicas no acierten o crezcan mucho los ingresos de la Seguridad Social. “No era necesario poner sobre la mesa la fórmula de revalorización anual, dificulta mucho el acuerdo”, analiza Carlos Bravo, responsable de pensiones de CC OO.
Este sindicalista se refiere a la primera parte de la propuesta de reforma del Gobierno: los cambios en la forma en que se actualizarán las pensiones, que dejarán de estar ligadas —al menos legalmente— a los precios ya desde 2014 y, en consecuencia, afectará tanto a pensionistas presentes como futuros. Su opinión es compartida por su homóloga de UGT, Carmen López, y por la mayor parte de grupos políticos: llegar a un pacto con un calendario apretado es muy difícil si hay que redefinir la fórmula de actualización anual de las pensiones. “La Constitución obliga a mirar siempre al poder adquisitivo. El modelo actual es válido”, defiende Valeriano Gómez, del PSOE, pese a que en 2011 y 2012 se suspendió y las pensiones se devaluaron. “Solo dos veces en 20 años”, justifica.
Quien no ve ninguna posibilidad para el pacto es Joan Coscubiera, portavoz de Izquierda Plural. “Impugnamos que sea necesaria esta reforma. Los problemas tienen que ver con el mercado laboral. La propuesta de actualización anual es un fraude”.
Un formato de negociación diferente
Las conversaciones entre Gobierno y sindicatos para pactar esta reforma de pensiones van a correr de forma paralela a su tramitación parlamentaria, algo muy diferente de lo que sucedió en 2011, cuando se acordó el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años. “Esta vez no se va a hablar de una reforma integral de la Ley General de Seguridad Social, como entonces”, justifica el secretario de Estado, Tomás Burgos, “esta vez es un desarrollo de la reforma de 2011, nos parece un mecanismo adecuado, incluso podríamos entender que con el pacto de entonces teníamos cobertura”.
El Gobierno quiere que la reforma esté lista ya en 2014 y eso implica que antes de que acabe este mes debe estar listo el primer borrador para enviarlo al Consejo Económico y Social, y poco después el proyecto de ley. A tenor del calado de los cambios previstos, estos plazos se antojan insuficientes para alcanzar cualquier tipo de pacto con sindicatos y oposición y, por tanto, las negociaciones tendrán que continuar durante la tramitación parlamentaria si, como ratifica Burgos, el Ejecutivo quiere una reforma pactada.
Para cambiar la fórmula vigente, Báñez ha planteado una ecuación que se basa en la salud de las cuentas de la Seguridad Social. Parte del informe que una docena de expertos elaboraron en primavera, que también ligaba la pensión inicial del jubilado a la esperanza de vida en el momento del retiro, pero le pone límites: el incremento nunca podrá ser menor del 0,25% ni mayor del 0,25% más el IPC. “Es evidente que el sistema actual crea desajustes. Proponemos un modelo a largo plazo, y ahí sí que se garantiza el poder adquisitivo”, defiende el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
Pero estudiosos del sistema de pensiones, oposición y sindicatos discrepan de las palabras de Burgos. “Claro que con esa fórmula se pierde poder adquisitivo”, defiende Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE y partidario de una reforma sustancial del sistema. Como él piensan todos de expertos consultados para este artículo, incluso entre los que integraron la comisión de expertos a los que el Gobierno encargó la redacción del informe. Los hay que incluso, teniendo presentes las perspectivas económicas para España, apuntan que en los próximos siete u ocho años, la subida de pensiones quedará siempre en el 0,25% y, en cambio, los precios subirán bastante más.
“Sí, claro que hay pérdida de poder adquisitivo. Y la subida en años buenos del 0,25%, no es suficiente para compensar los años malos”, analiza López, de UGT, quien define la propuesta oficial como desequilibrada.
“Esta propuesta nos genera rechazo y preocupación”, explica el portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, “esta actualización anual genera injusticia a largo plazo”. También CiU sitúa el listón en este punto. “Se tiene que garantizar el poder adquisitivo. Hay que buscar opciones alternativas en los ingresos”, demanda Carles Campuzano, que apunta a cambios en viudedad.
Para evitar la devaluación de las pensiones, las dos centrales mayoritarias preparan estos días alternativas que aumenten los ingresos de la Seguridad Social. Quieren equilibrar la ecuación basada en la salud de las cuentas del instituto público, ahora en números rojos y que no cambiará de no mediar un giro radical —e inesperado— en el mercado laboral, y prolongar la vida del Fondo de Reserva, cuyos recursos se están gastando ahora para pagar las pensiones actuales. El objetivo lo define Bravo: “Podemos discutir si medimos el poder adquisitivo con el IPC, los salarios o el PIB. Pero lo que está claro es que cuando un pensionista muera no puede tener un poder de compra menor que cuando se retiró”.
“El problema está en que hacen falta ingresos y todo lo que no sea reconocer eso, es no querer afrontar el problema”, explica Felipe Serrano, de la Universidad del País Vasco. Algo similar venía a decir aquel informe primaveral, que abría la puerta a la aportación de recursos adicionales al sistema de pensiones y que contenía una fórmula de actualización anual de las pensiones a la que Empleo ha puesto suelo y techo porque daba “lugar a grandes oscilaciones”, explica Burgos y corroboran varios expertos que han realizado simulaciones con años pasados (se dan incrementos cercanos al 6% en años buenos y caídas en torno al 5% en los malos).
“Estamos dispuestos a escuchar propuestas en esa dirección”, explica Burgos, que señala que podrían aumentar las bases máximas de cotización. En cambio, cierra la puerta a cambios en la otra parte de la propuesta, la que liga la prestación inicial a la esperanza de vida. El PSOE, en cambio, pide cambios en este punto: “La esperanza de vida no tiene por qué afectar solo a la pensión, también puede afectar a la edad o el número de años necesarios para calcular la pensión”
