martes, 3 de septiembre de 2013

El Gobierno propone que las pensiones suban como mínimo un 0,25% anual


JUBILACIÓN | Y un máximo del IPC más un 0,25%

El Gobierno propone que las pensiones suban como mínimo un 0,25% anual

  • La medida entraría en vigor en 2014. El factor de sostenibilidad, en 2019
  • Báñez: el nuevo modelo no conlleva revisar la edad de jubilación
  • Bruselas es tajante: exige desvincular totalmente las pensiones del IPC
El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales establecer a partir de 2014 un nuevo índice para la revalorización anual de las pensiones, índice que tendrá como limitaciones un incremento mínimo del 0,25% y un máximo el IPC más un 0,25%. Así, esta medida garantizará, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que no bajen ni sean congeladas "nunca", aunque ya no dependerán sólo de la inflación.
Éste es uno de los dos pilares del plan de reforma del sistema de pensiones. El otro es que el factor de sostenibilidad, que ajustará la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, será revisado cada cinco años y entrará en vigor en la primera nómina de 2019, como adelantó EL MUNDO. Así, a la hora de jubilarse se tendrá en cuenta la esperanza de vida y se multiplicará por un coeficiente corrector de esta. Además, sólo afectará a los futuros jubilados, no a los pensionistas actuales.
El plan del Ministerio de Empleo suaviza de manera significativa la propuesta de reforma que un comité de doce expertos en la materia presentó el pasado junio. Asimismo, Báñez ha señalado que Empleo ha modificado las fórmulas de cálculo de las pensiones que presentó el comité de 'sabios'.
El Gobierno ha apostado por establecer un suelo mínimo en la revalorización. Así, ésta nunca pueda ser igual o inferior a cero. Esta medida tiene un claro contenido político, pues dejaría al último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el único que congeló los subsidios, en el ejercicio de 2011. Mariano Rajoy tampoco las revisó el pasado año con el IPC y optó por subirlas un 1%.
El problema es que el diseño de esta medida puede entrar en colisión con las exigencias de la Comisión Europea para suavizar los objetivos de déficit de España. El comisario Ollie Rehn ha sido muy tajante al reclamar la total desindexación de las pensiones y los salarios a la inflación.
Mediante el retraso de la entrada en vigor de la reforma, Báñez pretende limar la previsible negativa de los sindicatos a su reforma. La fecha de 2019 todavía no está cerrada, pues dependerá del diseño definitivo del factor de sostenibilidad. Curiosamente, el comité de expertos calculó que en ese año se agotarían las reservas de la Seguridad Social si se mantenía el actual ritmo de déficit.
"El sistema de pensiones seguirá siendo publico y seguirá siendo de reparto", afirmó Báñez tras advertir de que está amenazado por "amenazas demográficas" y "amenazas economicas". No obstante, incidió en que el factor de sostenibilidad "no conlleva en ningun caso aumentar la edad de jubilación".
"Ante contribuciones iguales, los españoles de hoy y los de mañana recibirán prestaciones similares", añadió Báñez.
Sin embargo, los sindicatos esperarán a tener el desarrollo final de la reforma para valorarla. Según el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, el nuevo sistema no garantiza que los futuros pensionistas reciban una prestación similar a la de hoy.
Por su parte, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, afirmó que con la propuesta del Gobierno "entendemos que hay una pérdida de poder adquisitivo y que va a haber una bajada de pensiones". López pidió al Gobierno que ponga esta propuesta sobre el papel porque "carecemos de documentación".
"No entendemos las prisas de que sea en 2019", dijo la responsable de Política Social de CCOO, quien lamentó que se aproveche "una situación coyuntural para implantar medidas de carecer estructural"

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