DESINFORMACIóN TOTAL
FACUA alerta que la implantación del copago puede ser caótica y aconseja a los usuarios que vigilen posibles cobros indebidos
No todas las comunidades autónomas garantizan que vayan a tener conectadas sus tarjetas sanitarias con los datos actualizados de Hacienda para el 1 de julio. Los protocolos para reclamar ante cobros indebidos son una incógnita.
FACUA.org - España - 29 de junio de 2012
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la implantación del copago farmacéutico este 1 de julio puede ser caótica y aconseja a los usuarios que vigilen posibles cobros indebidos.
El sistema necesario para implantar esta injusta medida impuesta por el Gobierno, la conexión de las tarjetas sanitarias de los usuarios con Hacienda para conocer sus niveles de renta, todavía no está implantado en todas las comunidades autónomas. Así, pueden darse errores y generar multitud de reclamaciones.
La asociación critica la total desinformación de la que son víctimas los usuarios y las extrañas prisas en los plazos marcados por el Ejecutivo central, con la improvisación que ello va a provocar por parte de las comunidades autónomas.
A partir de este domingo, los pensionistas, uno de los colectivos más vulnerables ante problemas sanitarios, tendrán que hacer frente al 10% del coste de sus medicamentos hasta un tope mensual de 8, 18 o 60 euros según sus niveles de renta.
Los pensionistas cuya renta sea inferior a 18.000 euros abonarán como máximo 8 euros al mes. Para aquellos cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 el límite mensual será de 18 euros y para rentas superiores a 100.000 de 60 euros.
Porcentajes de aportación
Los ciudadanos en activo tendrán que pagar el 40%, el 50% o el 60% del precio de los fármacos. Con carácter general, tendrán que abonar un 60% del precio, los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros.
Abonarán un 50%, las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, y un 40% para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios y no concurran en los casos anteriores.
Los únicos que se verán beneficiados de esta medida son los parados que no reciban subsidio de desempleo, que no tendrán que pagar cuantía alguna. Asimismo, estarán exentos de aportación los perceptores de rentas de integración social, de pensiones no contributivas y los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad laboral, así como los afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en la normativa específica.
Plazos distintos para recuperar el dinero cobrado de más
Pero además, en una serie de comunidades autónomas los pensionistas tendrán que adelantar cantidades por encima de los máximosestablecidos que les serán devueltas en plazos muy distintos en función de la zona de España en la que vivan.
El tope será de seis meses, según la norma que impone el copago, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, un título que nada tiene que ver con la realidad, denuncia FACUA.
FACUA considera lamentable que ni el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ni las comunidades autónomas hayan puesto en marcha todavía campañas informativas para aclarar a los ciudadanos en qué consiste la medida y cómo se les va a aplicar.
No se sabe cómo reclamar cobros indebidos
Es más, ni siquiera se conocen cuáles serán los protocolos que tendrán que emprender los usuarios para reclamar cantidades que les sean cobradas indebidamente.
FACUA se pregunta qué ocurrirá si el servicio de salud de la comunidad autónoma todavía no tiene las tarjetas sanitarias de los pacientes conectadas con Hacienda. O si falla el sistema informático en la farmacia o en el centro sanitario, provocando que el médico no pueda recetar por tarjeta sino en papel.
El Gobierno ha optado por excluir a las asociaciones de consumidores de un proceso en el que hubiera sido necesario contar con la participación de los usuarios, que son los que van a ser directamente afectados por este recorte, denuncia FACUA.
FACUA reclama que el precio de los medicamentos vuelva a aparecer en sus envases, algo que dejó de ser obligatorio en 2006 como concesión a la industria farmacéutica para que no tenga que reetiquetarlos cuando cambia su precio. Pero con el copago y el medicamentazo aprobados por el Gobierno, la transparencia sobre los precios se hace más necesaria que nunca.
Por comunidades autónomas
La única comunidad autónoma que ha anunciado que no va a aplicar este repago farmacéutico será el País Vasco, que ha puesto en marcha un decreto que además de eludir su aplicación, incluye la exención de pago para pensionistas, parados sin prestación y añade a los demandantes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Otra comunidad que puede quedarse fuera del repago, aunque por motivos bien distintos, es el Principado de Asturias. Las autoridades sanitarias regionales alegan problemas para su implantación, pero acatarán la norma en cuanto sea "técnicamente posible".
Andalucía, aunque asume el recorte, apuesta por evitar que los pensionistas andaluces tengan que adelantar el pago de los fármacos cuando superen las cantidades estipuladas por el Ministerio de Sanidad. Así, cuando un jubilado sobrepase este límite, no tendrá que pagar más por adelantado por la retirada de nuevos fármacos durante ese mismo mes, ya que el contador avisará al farmacéutico de que ese usuario ha llegado a su tope de abono. Asimismo, este sistema garantizará a los usuarios en paro que han perdido derecho a prestación que no paguen nada cuando retiren sus fármacos.
En esta línea actuará también Cataluña, donde la Generalitat anunció el pasado 26 de junio que se aplicará un "mecanismo provisional" para evitar que se deba pagar por adelantado los medicamentos. Sin embargo, a pesar de manifestar su desacuerdo, el Ejecutivo regional se contradice al gravar a los pacientes con la tasa a la enfermedad del euro por receta.
También han optado por esta fórmula en Galicia. Según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "ningún pensionista gallego tendrá que adelantar su dinero cuando alcance el tope de 8 euros". Canarias apuesta también por establecer este tope, a partir del cual no habrá que pagar de más.
Devolución más rápida
Otras regiones han optado por asumir el repago y limitarse a reducir de seis a tres meses el tiempo de espera para la devolución de las cantidades pagadas de más. Es el caso de Castilla y León, donde se tramitará a través de una transferencia y sin que el interesado tenga que solicitarlo, según las autoridades regionales. En Aragón también se realizará el reembolso por este método, aunque el Gobierno autonómico no ha hecho público aún en qué plazo. Para los denominados polimedicados, el consejero aragonés del ramo, Ricardo Oliván, especifica que "se establecerá un límite máximo al mes, para que no tengan que adelantar mucho dinero".
Sin receta electrónica
En Baleares, los responsables de Salud han optado por un sistema mixto. Quienes tengan acceso a la receta electrónica, recibirán el reembolso en la misma cuenta corriente en la que reciban su pensión. Sin embargo, los que estén obligados a recibir la prescripción médica de forma manual, tendrán que solicitar personalmente la devolución ante el Servicio de Salud.
En Navarra, donde la receta electrónica tampoco está activada para la totalidad de la población, apuestan también por utilizar un "medio alternativo", aunque no ha sido precisado cuál. La consejera de Salud navarra, Marta Vera, prevé tramitar la devolución "en un tiempo más corto"que los seis meses estipulados para devolver las cantidades sobrepagadas. Sin embargo, Veraplantea no realizar esta devolución para las personas "que excedan en unos céntimos".
El resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) no han dudado en acatar al pie de la letra el dictamen del Gobierno central. Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla tendrán que esperar seis meses para que les sean devueltas las cuantías cobradas de más por el Gobierno.
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