Familia bajará el 15% la paga del cuidador del dependiente para impulsar los servicios
El Gobierno y las autonomías implantarán un modelo de acceso a las ayudas basado en el de Castilla y León.
Castilla y León no tendrá que cambiar su modelo de acceso a las prestaciones y ayudas de la Dependencia. Los criterios de renta y patrimonio para hacer el cálculo de aportación económica del usuario, el copago ya establecido tanto para mayores como para personas con discapacidad... el modelo de la comunidad, pactado además con las organizaciones de mayores y de discapacidades, seguirá aplicándose sin cambios. Y ello porque serán las otras autonomías, las que tenían formas de aplicación y acceso distintas, las que reformen su modelo para aplicar el vigente en Castilla y León. Así lo acordaron ayer los responsables autonómicos de los Servicios Sociales en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que presidió la ministra Ana Mato.
Potenciar la elección de servicios para atender a los dependientes tales como la residencia, el asistente personal, un centro de día o la teleasistencia frente a la ayuda económica era una prioridad en este encuentro del Gobierno central y de algunas comunidades, las que tienen infraestructuras suficientes para impulsar la profesionalización de estos cuidados lo que garantiza crecimiento y empleo y calidad asistencial. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, defendió a 'capa y espada' esta postura que finalmente salió reforzada por dos cambios fundamentales en la aplicación de esta norma que entró en vigor en 2007.
Costes
Así, por una parte se aprobó una modificación del capital que el Estado aportará para la dependencia a las comunidades. Hasta ahora, el nivel mínimo establecía una cuantía por beneficiario en función del grado de dependencia y no de la prestación que se otorga. Y ello pese a que pagar un servicio es muchísimo más caro (2.600 euros una plaza residencial) que dar una ayuda económica al cuidador familiar (380 euros al mes). La reforma implicará que, el próximo año 2013, se destine el 90% del capital a pagar según este viejo sistema y un 10% para 'premiar' el optar por potenciar los servicios. Estas cuantías se equipararán progresivamente, al 25% en 2014, al 35%..., hasta alcanzar el 50% en unos años que serán en torno a cinco. «Castilla y León apoya el que se alcance esta financiación en menos, en tres», según explica la consejera Milagros Marcos, dado que cuenta con recursos suficientes; incluso con un 22% de plazas residenciales vacantes.
Y para compensar este futuro aumento de financiación en plena crisis, a la par que se sigue impulsando el hacer poco atractivo para las familias elegir dinero en vez de atención cualificada, el Consejo Interterritorial acordó bajar un 15% la paga del cuidador familiar. Por su parte, la responsable castellano y leonesa, Milagros Marcos, reclamó que hubiera flexibilidad para poder reducir aún más dicho porcentaje y ya anunció que su departamento se reunirá con las asociaciones del sector para pactar una reducción mayor e inclinar así la balanza hacia los servicios.
Marcos mostró claramente su «satisfacción» por un encuentro que esperaba, y así se confirmó, duro y de difícil negociación porque el nivel de desarrollo de la ley es muy variado en las distintas comunidades.
Las tres líneas rojas que se había marcado la consejera antes del encuentro básicamente no se rebasaron. Ahora queda que el Real Decreto que dará forma a estos acuerdos y que el Consejo de Ministros aprobará, según previsiones, el próximo viernes, mejore la financiación «porque solo nos falta compensar mejor» la pérdida de los 22 millones suprimidos del nivel acordado.
También se aprobó que dado que, en España, hay 300.000 dependientes con derecho reconocido y sin prestaciones y en algunas autonomías tardan dos años en recibir la ayuda que les ha sido reconocida, que haya un periodo de carencia de dicho tiempo en la retroactividad. Una medida para frenar la deuda autonómica que no afecta a la región.
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Castilla y León no tendrá que cambiar su modelo de acceso a las prestaciones y ayudas de la Dependencia. Los criterios de renta y patrimonio para hacer el cálculo de aportación económica del usuario, el copago ya establecido tanto para mayores como para personas con discapacidad... el modelo de la comunidad, pactado además con las organizaciones de mayores y de discapacidades, seguirá aplicándose sin cambios. Y ello porque serán las otras autonomías, las que tenían formas de aplicación y acceso distintas, las que reformen su modelo para aplicar el vigente en Castilla y León. Así lo acordaron ayer los responsables autonómicos de los Servicios Sociales en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que presidió la ministra Ana Mato.
Potenciar la elección de servicios para atender a los dependientes tales como la residencia, el asistente personal, un centro de día o la teleasistencia frente a la ayuda económica era una prioridad en este encuentro del Gobierno central y de algunas comunidades, las que tienen infraestructuras suficientes para impulsar la profesionalización de estos cuidados lo que garantiza crecimiento y empleo y calidad asistencial. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, defendió a 'capa y espada' esta postura que finalmente salió reforzada por dos cambios fundamentales en la aplicación de esta norma que entró en vigor en 2007.
Costes
Así, por una parte se aprobó una modificación del capital que el Estado aportará para la dependencia a las comunidades. Hasta ahora, el nivel mínimo establecía una cuantía por beneficiario en función del grado de dependencia y no de la prestación que se otorga. Y ello pese a que pagar un servicio es muchísimo más caro (2.600 euros una plaza residencial) que dar una ayuda económica al cuidador familiar (380 euros al mes). La reforma implicará que, el próximo año 2013, se destine el 90% del capital a pagar según este viejo sistema y un 10% para 'premiar' el optar por potenciar los servicios. Estas cuantías se equipararán progresivamente, al 25% en 2014, al 35%..., hasta alcanzar el 50% en unos años que serán en torno a cinco. «Castilla y León apoya el que se alcance esta financiación en menos, en tres», según explica la consejera Milagros Marcos, dado que cuenta con recursos suficientes; incluso con un 22% de plazas residenciales vacantes.
Y para compensar este futuro aumento de financiación en plena crisis, a la par que se sigue impulsando el hacer poco atractivo para las familias elegir dinero en vez de atención cualificada, el Consejo Interterritorial acordó bajar un 15% la paga del cuidador familiar. Por su parte, la responsable castellano y leonesa, Milagros Marcos, reclamó que hubiera flexibilidad para poder reducir aún más dicho porcentaje y ya anunció que su departamento se reunirá con las asociaciones del sector para pactar una reducción mayor e inclinar así la balanza hacia los servicios.
Marcos mostró claramente su «satisfacción» por un encuentro que esperaba, y así se confirmó, duro y de difícil negociación porque el nivel de desarrollo de la ley es muy variado en las distintas comunidades.
Las tres líneas rojas que se había marcado la consejera antes del encuentro básicamente no se rebasaron. Ahora queda que el Real Decreto que dará forma a estos acuerdos y que el Consejo de Ministros aprobará, según previsiones, el próximo viernes, mejore la financiación «porque solo nos falta compensar mejor» la pérdida de los 22 millones suprimidos del nivel acordado.
También se aprobó que dado que, en España, hay 300.000 dependientes con derecho reconocido y sin prestaciones y en algunas autonomías tardan dos años en recibir la ayuda que les ha sido reconocida, que haya un periodo de carencia de dicho tiempo en la retroactividad. Una medida para frenar la deuda autonómica que no afecta a la región.
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